La CNDH acreditó que durante el ataque que Los Zetas cometieron entre el 18 y 20 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, Coahuila, autoridades de los tres niveles de gobierno incurrieron en graves violaciones a las garantías fundamentales de las víctimas y sus familias. En dicho ataque privaron de la libertad y desaparecieron a más de 300 personas, incluidos niños. También destruyeron 40 viviendas y siete ranchos.
El organismo emitió la recomendación, en la que da cuenta de que durante los eventos de hace siete años y semanas después se dieron desapariciones forzadas, pues los criminales contaron con la tolerancia, autorización y hasta apoyo de policías municipales, hubo detenciones arbitrarias, además de imprecisiones por parte de la PGR y hoy Fiscalía General de Justicia del Estado, lo que vulneró los derechos a la verdad e impidió investigaciones.
Además, se reportaron testimonios de que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional habrían presenciado los hechos, aunque no se pudieron acreditar esas afirmaciones. En la recomendación se pide a la PGR indagar a fondo esos señalamientos.
Con información de La Jornada