La CIDH, luego de ocho años de recibir la denuncia, admitió la petición de los familiares de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos, en la región carbonífera de Coahuila en febrero de 2006 -donde 114 mineros del carbón han muerto, de los cuales, casi el 70%, fallecieron debido a las malas condiciones laborales en la misma región carbonífera- para que evalúe “la responsabilidad del Estado mexicano en la violación a los derechos a la vida, la integridad personal, el acceso a la justicia para las y los familiares” de las víctimas, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) en un comunicado de prensa.
“A más de doce años de los hechos, las familias de Pasta de Conchos siguen luchando por el rescate de los cuerpos de sus seres queridos, pues 63 de ellos yacen todavía en la mina debido a la obstaculización del Estado a la recuperación y sepultura digna de las víctimas”, informó la organización.
Los familiares de los mineros muertos “presentaron el caso ante la CIDH en febrero de 2010, argumentando que el Estado mexicano era responsable por la inefectividad de las inspecciones laborales realizadas, por la demora injustificada y por la falta de debida diligencia en esclarecer y sancionar estos hechos. El Estado (por su parte) alegó que el caso era inadmisible puesto que las y los peticionarios contaron con diversos recursos internos para buscar justicia”.
Con información de Animal Político