La transparencia debería empezar por casa, pero el excomisionado ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, conocido en el bajo mundo político como “el ministro Chicharrón”, dejó una huella que más bien huele a opacidad. Jorge García Orozco (jorgegogdl) realizó una investigación sobre el nuevo ministro, y descurbió que, al presentar su declaración patrimonial de conclusión en febrero de 2025, optó por ocultar prácticamente toda la información clave: bienes, ingresos, egresos, gravámenes y hasta tarjetas de crédito.
Guerrero, quien ocupó un cargo de confianza en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), concluyó su encargo con un salario neto anual de poco más de un millón de pesos. Ese dato sí lo permitió hacer público. Sin embargo, cuando se trató de abrir sus cuentas personales, decidió cerrar la cortina: en su declaración aparecen reiteradas casillas marcadas con un rotundo “NO” a la autorización para transparentar información patrimonial.
La contradicción salta a la vista: un funcionario que debía velar por la rendición de cuentas y el acceso a la información ciudadana, decide reservar lo más básico sobre su propio patrimonio. No informó si tenía bienes inmuebles, autos, cuentas bancarias, tarjetas, deudas o inversiones. Todo quedó en secreto.
La ley de responsabilidades administrativas establece que las declaraciones de los servidores públicos deben incluir, al menos en versión pública, datos generales que den certeza a la ciudadanía sobre el origen de su patrimonio. La opacidad con la que actuó Guerrero genera preguntas inevitables: ¿qué tenía que ocultar?, ¿por qué alguien que exige transparencia se niega a practicarla?
El caso adquiere mayor gravedad porque no se trata de un funcionario cualquiera, sino de un comisionado ciudadano de transparencia. La incongruencia mina la confianza en instituciones que deberían ser ejemplo de claridad, sobre todo en tiempos en que la corrupción y el dispendio han golpeado la credibilidad de la política mexicana.
La ciudadanía tiene derecho a saber qué poseen, qué ganan y cómo se enriquecen sus representantes. Cuando los encargados de garantizar esa transparencia se convierten en los primeros en esconder sus cuentas, la pregunta no es si hay un problema, sino qué tan profundo está.
