“Mi muchacha”, “la que me ayuda”, son algunas de las frases con las que los mexicanos suelen referirse a las trabajadoras domésticas. “Nosotros decimos: es que no voy a ayudarte, voy a trabajar”, afirma una mujer de 51 años y con 36 en el servicio doméstico. Pese a su trayectoria no cuenta con un contrato por escrito.
La situación laboral de se rige por la voluntad de la palabra de los patrones. Comienza con el aseo general de la casa: lavado, planchado y comida sencilla, pero se extiende al cuidado de los hijos e incluso a la limpieza de la oficina de su empleador. Un trabajo extra de más de 35 horas semanales que no siempre se refleja en el salario. Un 75 por ciento de las trabajadoras domésticas recibe un sueldo de menos de ocho dólares al día.
Solo 53.089 personas, un 2,4 por ciento de las trabajadoras domésticas en México, tiene acceso a servicio médico como prestación laboral, según las cifras de la Secretaría del Trabajo. El resto de las empleadas desconoce de aguinaldo, de acceso a guarderías, medicinas gratuitas y pensiones, por el contrario, se han convertido en expertas en extender su salario y en negociar “de palabra” con sus patrones.
Las autoridades federales, sindicatos y expertos reconocen que este colectivo padece de discriminación laboral al no contar con un salario adecuado ni con protección legal.
En junio de 2011, México suscribió el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, un acuerdo que garantiza un contrato de trabajo por escrito, acceso a la seguridad social y prestaciones por maternidad para las trabajadoras del hogar. Las promesas quedaron en el aire. A seis años de distancia el gobierno mexicano no ha ratificado el acuerdo. No existe obligación de por medio.
Con información de El País