Las diputadas locales Paula Soto y Valentina Batres presentaron una iniciativa al Congreso de Ciudad de México para prohibir la venta a menores de refrescos o alimentos con alto contenido calórico en restaurantes, pese a la presencia de los padres.
«Para prevenir y combatir el sobrepeso y la obesidad, en la Ciudad de México: I. Queda prohibida la venta, donación, suministro, regalo o distribución de bebidas azucaradas procesadas a menores de edad, aún en compañía de sus madres, padres o tutores en restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubes privados y los establecimientos mercantiles de impacto zonal en donde se vendan o distribuyan estos productos y que permitan el acceso a menores de edad», indica el proyecto.
Así, los establecimientos deberían modificar sus menús y olocar carteles con advertencias sobre los efectos nocivo del consumo de estos productos.
La propuesta plantea que los establecimientos que incumplan la prohibición se harían acreedores a multas de 25 a 125 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), entre 2,172 y 10,860 pesos. Mientras que las multas para los sitios comerciales que no muestren las imágenes de advertencia será de entre 351 a dos mil 500 UMAs, es decir, de 30,494 hasta 217,000 pesos.
Con información de El Big Data