La reforma al Poder Judicial, impulsada por Morena y sus aliados, ya está en la Cámara de Senadores tras ser aprobada en la Cámara de Diputados. La presidencia de la mesa directiva del Senado ha turnado la minuta y se prevé que reciba su primera lectura en el pleno el próximo martes, con el inicio del análisis y votación programado para el miércoles.
El proceso legislativo en la Cámara de Diputados estuvo marcado por un intenso debate en el que se presentaron argumentos a favor y en contra de la reforma que, entre otros puntos, propone la elección de jueces y magistrados por voto popular y la creación de un Tribunal para vigilar la conducta de los magistrados y sancionar la corrupción.
Ahora, la discusión se traslada al Senado, donde Morena, liderada por la senadora Imelda Castro, continúa negociando con otras bancadas para asegurar los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada.
La senadora Castro subrayó que es fundamental que la discusión en la cámara alta también se realice con un debate serio y fundado en argumentos, tal como ocurrió en la Cámara de Diputados. La senadora también mencionó que su grupo parlamentario sigue en la búsqueda de votos para obtener el apoyo mayoritario.
¿Qué está en juego con esta reforma?
La reforma del Poder Judicial es una de las iniciativas más controvertidas del actual gobierno, ya que plantea cambios significativos en la estructura de la justicia en México. Los defensores de la propuesta aseguran que esto permitirá una mayor participación ciudadana y un control efectivo contra la corrupción en el sistema judicial. Sin embargo, la oposición advierte que podría ser un golpe a la independencia judicial y una forma de control político sobre los jueces.
Se avecina una semana clave en la política mexicana, en la que el Senado tendrá la responsabilidad de decidir sobre esta reforma trascendental. El país entero estará atento a los movimientos de sus legisladores y al impacto que este cambio podría tener en la futura administración de justicia. La presión está en aumento, y el resultado de la votación podría definir el rumbo del sistema judicial por años.