El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decretado este jueves prisión provisional incondicional y comunicada para el exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, detenido en Málaga y reclamado por México por un fraude de 280 millones de dólares.
Según el auto dictado por el magistrado después de tomarle declaración por videoconferencia, se le ha enviado a prisión ante el “fundado riesgo de fuga”, al no tener arraigo laboral ni domicilio en España, y ante la gravedad de la pena que se le puede imponer, de hasta 15 años de prisión.
Las autoridades mexicanas, que tienen ahora 45 días para presentar la solicitud de extradición, le atribuyen un delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, que se correspondería con el delito de blanqueo del Código Penal español.
Lozoya, sobre el que pesaba una orden de busca y captura internacional desde mayo de 2019 por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, fue director de Pemex entre 2012 y 2016, con el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Detenido ayer en una urbanización malagueña por la Policía Nacional, se ha opuesto a ser entregado a México y ha declarado que llegó a España hace solo dos días, aunque la Policía Nacional informó de que había sido localizado en la provincia de Málaga a principios de 2020, tras meses de investigaciones en colaboración con la Fiscalía mexicana.
El juez destaca también que en el momento de su detención iba dentro de un taxi de una empresa privada y con una licencia de conducir mexicana falsificada como identificación: llevaba su fotografía, pero el nombre correspondía a otra persona, “de lo que se desprende una intención de sustraerse a la acción de la justicia”.
De acuerdo con la normativa que regula las extradiciones, el juez indica que se mantendrá esta medida de prisión durante 45 días, plazo que tienen las autoridades mexicanas para remitir a España la solicitud de entrega por vía diplomática ante el Ministerio de Asuntos Exteriores o directamente ante el de Justicia.
Según la información facilitada por la Policía Nacional, el presunto fraude lo habría cometido entre 2012 y 2013 como responsable de un “entramado de corrupción” acusado de recibir sobornos de Odebrecht.
Tras su fuga comenzó la colaboración entre la Fiscalía mexicana y la Policía Nacional, gracias a la cual se obtuvieron indicios que situaban a Lozoya en diferentes localidades españolas, pero “el alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales” complicaban su localización.
De acuerdo con la orden de detención internacional emitida por México, Lozoya adquirió un bien inmueble “con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita” y con el propósito de ocultar el origen de esos fondos, en colaboración con otros dos imputados, su hermana Gilda Susana Lozoya y el empresario Alonso Anciara Elizondo, detenido también en España en mayo del año pasado.
La dimensión internacional del caso Odebrecht se conoció a finales de 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.
El conglomerado solicitó en junio pasado el mayor concurso de acreedores de la historia de Brasil con una deuda de casi 100.000 millones de reales (23.900 millones de dólares), de los que está renegociando aproximadamente la mitad, forzado por los múltiples escándalos de corrupción.