La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido no atraer los amparos presentados por Elektra en relación con un crédito fiscal de 25 mil millones de pesos que la empresa ha estado disputando durante más de una década.
Con un voto en contra de tres, la Segunda Sala de la Corte ha rechazado la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales para llevar a cabo estos amparos. En consecuencia, los casos se remitirán a un Tribunal Colegiado, que será el encargado de resolverlos.
Durante la sesión en la que se tomó esta decisión, el ministro Javier Laynez Potisek no estuvo presente. Los votos en contra de la propuesta de Aguilar Morales provinieron de los ministros Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.
Estos litigios se hicieron públicos el 22 de agosto, cuando el procurador fiscal de la Federación, Arturo Medina, mencionó el crédito fiscal pendiente durante una conferencia matutina presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese momento, el gobierno federal anunció que presentaría una queja contra el ministro Aguilar Morales por supuesta omisión en el caso de Elektra, ya que, según Medina, el ministro había tardado ocho meses en resolver estos asuntos.
Las declaraciones del procurador fiscal surgieron poco después de que el ministro Aguilar Morales otorgara una suspensión provisional contra la distribución de libros de texto gratuitos en el estado de Coahuila.
Cabe mencionar que, en caso de que los amparos de Elektra fueran atraídos por la Corte, el ministro Aguilar Morales no sería el encargado de resolverlos, según informó Proceso el 6 de septiembre.
Este conflicto legal se originó a raíz de las implicaciones fiscales de la reestructuración del Grupo Elektra en 2013, que resultó en pérdidas por la venta de acciones. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició cuatro procedimientos de fiscalización en relación con los ejercicios de 2008, 2010, 2011 y 2013, concluyendo que la empresa no sufrió pérdidas por la venta de acciones de Grupo Elektra.
En respuesta, Grupo Elektra presentó varios juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que confirmó las resoluciones de Hacienda, imponiendo una deuda de 25 mil millones de pesos a la empresa. Posteriormente, Grupo Elektra solicitó a la Corte que atrajera estos juicios de amparo directo para su revisión.