La Cámara de Diputados aprobó anoche, con 353 votos a favor y 122 en contra, la reforma constitucional que fortalece a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas del Estado. Esta medida revierte la reforma de 2013, aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y establece un nuevo marco que limita la participación privada en el sector eléctrico al 46%, reservando el 54% para la CFE.
La mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados defendió esta reforma como una estrategia para equilibrar el mercado energético y garantizar que las empresas públicas compitan en igualdad de condiciones frente a las privadas. Según la diputada Gricelda Valencia de la Mora, «no se trata de un ataque al capital privado, sino de corregir una tendencia en la que los intereses privados dominan sectores estratégicos».
Impacto y debate fiscal
Durante la discusión, las bancadas del PAN y PRI advirtieron sobre las posibles repercusiones fiscales de esta reforma, señalando que el Estado asumiría la deuda de Pemex y CFE, empresas que enfrentan pasivos significativos. La deuda actual de Pemex asciende a 101 mil millones de dólares, aunque el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, destacó que ha disminuido respecto a los 131 mil millones que alcanzó en 2018.
El debate se intensificó cuando la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu, defendió la reforma y acusó de «ignorante» a la oposición. Josefina Gamboa, diputada del PAN, le recordó que en 2013, Abreu, entonces priísta, votó a favor de la reforma de Peña Nieto, comentario que quedó sin respuesta.
Inversión privada en la mira
A pesar de la aprobación general de la reforma, hubo una modificación significativa en las reservas, eliminando la exclusividad del Estado en la transición energética, lo que permite la participación privada en este sector. La bancada de Morena ha asegurado que en futuros cambios legales se garantizará un espacio para la inversión privada, aunque dentro de los límites establecidos por el Estado.