La declaración del ministro Alberto Pérez Dayán deshabilitó por completa la implementación del famoso “Plan B” en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el Estado de México y de Coahuila, admitiendo que dichas acciones son inconstitucionales.
Las impugnaciones a las normas fueron llevadas a cabo por el PAN, el PRI, el PRD y MC, al igual que por miembros del Congreso de la Unión, en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, la cual se considera la primera etapa del Plan B de la reforma electoral y ordenó que estos cambios no se apliquen en los estados de México y Coahuila, donde habrá elecciones este año.
De acuerdo con un comunicado del alto tribunal, esta medida fue tomada debido a que estos cambios se realizaron durante el periodo de veda, en el cual la Constitución especifica que no se pueden realizar cambios en materia electoral.
“De no concederse la medida solicitada se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos que se aducen como vulnerados, ocasionando con ello daños irreversibles para el derecho ciudadano de revocación de mandato y todos los derechos inmersos en los procesos electorales», señaló el ministro Pérez