Un nuevo capítulo en la lucha contra la violencia de género en la política de México se ha abierto con una denuncia impactante. Diputadas locales del PRI han presentado una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por violencia política en razón de género.
Las legisladoras Cecilia Robledo, Lorena de la Garza y Perla Villarreal han alzado su voz para señalar que han enfrentado amenazas, extorsiones, chantajes y presiones para que abandonen sus cargos o voten de una manera específica. Aseguran que estas acciones se realizan supuestamente bajo las órdenes del gobernador García.
La denuncia, presentada en la Oficialía de Partes del INE, también solicita medidas cautelares en forma de tutela preventiva para frenar el «hostigamiento» al que han sido sometidas. Lorena de la Garza afirmó que han soportado este acoso durante casi un año y que Samuel García ha incurrido en 30 de los 38 elementos considerados como violencia política.
Lo que es aún más alarmante es que estas presiones no solo se dirigen a ellas, sino que también afectan a sus familias.
En medio de la manifestación en el INE, la consejera Norma de la Cruz lamentó que la víspera la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eliminara un párrafo en el que el INE pedía a los partidos políticos «valorar» si sus candidatos estaban en el registro de personas sancionadas por violencia política de género. Esta decisión ha creado un mensaje ambiguo sobre la importancia de prevenir la violencia de género en la política.
De la Cruz subrayó que es responsabilidad de los partidos políticos proponer candidatos intachables y aseguró que la legislación actual en 2023 no debería permitir la nominación de personas con un historial de violencia. La denuncia de estas diputadas resalta la necesidad de abordar de manera urgente la violencia política de género en México y garantizar un entorno seguro para las mujeres en la política.