La aprobación a la Ley 3 de 3 contra la violencia, la cual alcanzó el respaldo constitucional al ser avalada por 17 congresos estatales, impedirá que aquellos que hayan incurrido en violencia familiar, sexual, económica, así como deudores alimentarios, ya no podrán ser postulados a cargos de elección. Es decir, todas aquellas personas que estén denunciados por cualquiera de estas violencias, no podrán aspirar a un cargo electoral.
Dicha reforma constitucional, además de una aprobación por parte de las cámaras federales, requirió que más de la mitad de las 32 entidades federales también la aprobaran. Esto fue posible dado que, el día de ayer, los estados de Chihuahua, Zacatecas y Yucatán se sumaron al respaldo del decreto.
Por si fuera poco, Chihuahua estableció la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión de servicio público a personas que hayan ejercido violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales, contra la diversidad sexual o intimidad sexual, así mismo como para los deudores alimentarios. Por su parte, Gabriela Pinedo, diputada de Zacatecas, mencionó que esta ley ayudará a inhibir la violencia de género.