El debate sobre la reforma judicial en México ha llegado a un punto crítico. A medida que se preparan las elecciones del Poder Judicial para 2025, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría invalidar puntos fundamentales de la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta propuesta pone en juego aspectos clave del sistema judicial y plantea preguntas sobre el futuro de la independencia judicial en el país.
El proyecto de inconstitucionalidad: ¿qué está en juego?
En su propuesta, el ministro González Alcántara Carrancá señaló la necesidad de anular varios puntos de la reforma judicial, específicamente aquellos que implican la creación de comités de evaluación y el método de selección de jueces y magistrados. Estos comités habían sido propuestos como una herramienta para revisar y controlar los perfiles de las personas candidatas a ocupar puestos clave en el Poder Judicial. Sin embargo, el ministro considera que este mecanismo carece de transparencia y no garantiza que los ciudadanos puedan emitir un voto informado sobre quiénes ocuparán esos cargos.
El principio de elección «libre, directa y secreta» de ministros y magistrados, tanto de la SCJN como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y del Tribunal de Disciplina Judicial, se mantendría en pie, según el proyecto de González Alcántara. No obstante, la crítica central radica en que el proceso propuesto no asegura una verdadera evaluación de los candidatos ni garantiza la imparcialidad necesaria para que quienes impartan justicia lo hagan de manera independiente y transparente.
Un proceso sin garantías para la ciudadanía
El ministro también argumentó que no existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles de los candidatos que aparecerán en las boletas electorales, lo que deja a los votantes en una posición vulnerable al emitir su sufragio. Según González Alcántara, el sistema actual no proporciona la información adecuada para garantizar que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas sobre los futuros responsables de impartir justicia en el país.
Este señalamiento es clave, ya que en última instancia, la independencia del Poder Judicial es fundamental para la estabilidad democrática de México. Si los ciudadanos no tienen confianza en el proceso de selección de jueces y magistrados, el riesgo de politización del sistema judicial aumenta, erosionando la credibilidad y la imparcialidad de la justicia.
Reacciones políticas y posibles conflictos entre poderes
Aunque el pronunciamiento oficial de los actores políticos cercanos a la «Cuarta Transformación» aún no ha sido emitido, Gerardo Fernández Noroña, en entrevista con El Universal, calificó como una provocación la aceptación de amparos por parte de la SCJN, aludiendo a una posible escalada de conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Fernández Noroña sugirió que si la Corte declara inconstitucional la reforma promulgada, podría desencadenarse una crisis política de gran magnitud en el país.
La propuesta de González Alcántara plantea una disyuntiva sobre el futuro del sistema judicial en México, al enfrentar dos posturas aparentemente irreconciliables: la de un Poder Ejecutivo que busca reformas estructurales en el Poder Judicial, y la de un Poder Judicial que defiende su independencia y asegura que la reforma actual carece de garantías para la ciudadanía.
El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá pone sobre la mesa uno de los debates más relevantes de la actual administración: ¿cómo garantizar una justicia imparcial y transparente en México? La decisión final de la SCJN no solo impactará la reforma judicial, sino que también podría redefinir las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial en los años venideros.