En un giro político significativo, el Congreso del Estado de Nuevo León ha logrado arrebatar la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) al gobernador Samuel García, obligándolo a publicar el decreto correspondiente que traslada esta instancia investigadora de delitos patrimoniales a la Fiscalía General de Estado, la cual está controlada por el PRI y el PAN.
Después de que los legisladores presentaran recursos de controversia constitucional debido a la negativa del mandatario de publicar el decreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la ahora llamada Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF), que anteriormente dependía de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado, se integre a la Fiscalía de Nuevo León, la cual designará a su nuevo titular.
En respuesta a la orden de la SCJN, García Sepúlveda publicó ayer el decreto correspondiente, estableciendo que en un plazo máximo de 60 días, el Fiscal General deberá realizar el nombramiento.
Además, se estipula que en un plazo de 90 días, la Secretaría de Finanzas del Estado y la Fiscalía General deberán elaborar la reglamentación interna correspondiente y establecer la nueva unidad.
Actualmente, Pedro Arce Jardón, quien tiene vínculos reconocidos con miembros del PRI, se encuentra a cargo de la Fiscalía estatal de manera interina. Permanecerá en el cargo hasta que se resuelva un amparo presentado por el Gobierno del Estado que impide el nombramiento del nuevo titular de la dependencia. Esta decisión recae en el Congreso del estado, el cual está conformado por una mayoría de tricolor y albiazul, quienes han tenido tanto alianzas como confrontaciones abiertas con el mandatario de Movimiento Ciudadano.
El decreto 196 reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León en sus artículos 2, 10, 33 y 33 Bis. En esencia, establece que la FEIF, ahora FEIF, es el órgano competente para investigar casos en los que se sospeche un incremento económico injustificado o la participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como los delitos contemplados en el Código Fiscal del Estado.
La FEIF será la única autoridad competente en el estado para generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de personas físicas y morales que conduzca a la investigación de hechos presumiblemente ilícitos. Además, tendrá la facultad de inmovilizar cuentas o valores del sistema financiero bajo las reglas establecidas en la Constitución federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El decreto también establece que todos los asuntos que estaban a cargo de la antigua UIFE, así como de la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General, pasarán a ser competencia de la FEIF.
Se espera que el Gobierno del estado presente una nueva controversia constitucional argumentando que la creación de esta Fiscalía especializada invade las atribuciones del Ejecutivo estatal.
La anterior Unidad de Inteligencia Financiera, que estaba bajo el control de la administración actual a través de la Secretaría de Finanzas, ha sido señalada repetidamente como un instrumento de presión utilizado por Samuel García para amedrentar a sus opositores políticos mediante investigaciones y auditorías.