Bettina Cruz, defensora zapoteca de la tierra y territorio, comenzó su lucha contra la imposición de los megaproyectos eólicos en 2004, cuando participó en la creación de la Asamblea de Pueblos en Defensa de la Tierra y Territorio.

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México proteger de forma inmediata la vida e integridad personal de Bettina Cruz y su grupo familiar. Las medidas cautelares fueron emitidas tras acreditarse la situación de riesgo por el trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, principalmente por su lucha contra la imposición del proyecto de Eólica del Sur que se pretende instalar en su natal Juchitán.

Su lucha no es contra la energía renovable, «sino contra el modo de operación de las empresas trasnacionales que, junto con el gobierno mexicano, se han apoderado de sus tierras mediante el despojo, la violencia, la amenaza y persecución«, asegura.

Descendiente de la raza binnizá, Bettina es originaria de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, estudió ingeniería agrícola en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde hace más de 35 años es defensora de derechos humanos.

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La lucha más reciente y de la cual se atrajo el caso de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es contra la empresa Eólica del Sur, filial de Mitsubishi, que construye un parque eólico en Juchitán y El Espinal.

Eólica del Sur fue la primera empresa, apoyada por los tres niveles de gobierno, en realizar una consulta indígena en 2014; sin embargo, Bettina y su agrupación interpusieron un amparo contra dicho proceso con el argumento de que los empresarios habían manipulado y violado los estándares internacionales que comprende el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

«La consulta fue una manipulación, en primera porque no hubo nada de previa ni libre ni informada, entonces interpusimos el amparo en septiembre de 2015 y en diciembre de ese mismo año el juez nos dio la razón; sin embargo, en febrero de 2016 un nuevo juez asegura que no fue cierto y valida la consulta, por lo que decidimos avanzar y ahora está en manos de la SCJN, ellos tienen el caso y lo estudian«, dijo.

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«Las empresas eólicas no han dejado nada de sus ganancias, se han aprovechado de nuestro aire, 80 por ciento de sus ganancias va para su país, 19 por ciento para compra de equipo y uno por ciento es el bajo pago que le dan a nuestros arrendatarios: a los pueblos no nos benefician en nada, pagamos la luz eléctrica más cara del país además de que han creado división social«, dijo.

Recalcó que los pueblos indígenas de la región del Istmo no están contra la energía renovable, sino del despojo y violencia con la cual llegan las trasnacionales e imponen sus proyectos.

Bettina es integrante de la Red Nacional de Resistencia Civil y del Concejo Indígena de Gobierno; su lucha no sólo es local, ha solicitado el respaldo de voces internacionales ante las amenazas y violencia que sufre por defender su tierra y territorio.

Con información de La Jornada

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