En la Cámara de Diputados se aceleran los trámites para aprobar una Ley General de Aguas que permitirá la privatización del líquido y su uso en el fracking, ese proceso que envenena mantos freáticos y tierras de cultivo para obtener gas y aceite.

Especialistas advierten que el agua potable será más cara y quedará en manos privadas, y más: si las comunidades afectadas por esos abusos protestan, el Ejército intervendrá, amparado por la Ley de Seguridad Interior.

La estrategia del gobierno y el PRI en el Congreso de la Unión busca “dejar un ambiente –para el sucesor de Peña Nieto– favorable a la inversión y dejar situaciones irreversibles”, sostiene el ingeniero petrolero, opositor al fracking, Fabio Barbosa Cano, quien durante décadas trabajó en Petróleos Mexicanos.

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Para ello, la táctica tiene dos vías: la Ley General de Aguas para “concretar el fracking” y proteger las inversiones con la Ley de Seguridad Interior, gracias a la cual, por “utilidad pública” y para prevenir el disturbio social, el Ejército actuaría contra los ciudadanos que se opongan.

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En esa ley se apunta a la privatización del agua, la entrega de concesiones a perpetuidad y el aumento de tarifas para uso doméstico, en las cuales se incluirán los costos, la inflación y la utilidad del organismo operador, que puede ser una empresa, el municipio o una asociación de ambos, según el análisis que hizo la Coordinadora Nacional Agua para Todos.

Con información de Proceso

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