En la primera sesión del Seminario Internacional Políticas públicas y derecho al cuidado en América Latina y el Caribe, su coordinadora recalcó que las mujeres continúan como las principales proveedoras de atención, en condiciones de alta precariedad y vulnerabilidad a sus derechos humanos.
Ante tal panorama, consideró, es necesario abrir la discusión de cuál es el papel de los estados de la región para transformar esta situación de desigualdades e injusticias.
Por lo anterior se pretende que el Seminario, también coordinado por Irene Casique Rodríguez, investigadora del CRIM, sea un espacio de diálogo horizontal y de construcción colectiva de conocimiento.
Esta actividad académica reúne a expertos de distintas latitudes con una trayectoria de investigación en el tema, quienes pueden orientar en cómo seguir produciendo conocimiento en esta área, a fin de cambiar esta realidad, expuso.
En la sesión, dedicada al tema Regímenes de bienestar y cuidados en Latinoamérica, la profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, Melina Altamirano Hernández, reiteró que esas prácticas se realizan en un contexto de desigualdad económica, de género y acceso a la protección social.
Al respecto, detalló que las dos primeras tienen mayor presencia en los países de la región en comparación con las naciones de ingresos altos, pero la tercera es más contrastante. “La estructura de nuestros mercados laborales resulta en regímenes de bienestar fragmentados”.
En la región latinoamericana ellas dedican más tiempo a las labores del hogar y del cuidado no remunerado en comparación con los varones; se trata de una doble jornada. Pero no sólo eso: son más propensas a dejar la fuerza laboral o las posiciones de tiempo completo, después de la maternidad.
Este fenómeno, aclaró, tiene una explicación clara cuando pensamos en la desigualdad de las cargas de cuidado, pero también en la insuficiencia de la oferta pública para contribuir a proporcionar cuidados.
De igual manera, consideró, la brecha salarial entre hombres y mujeres también muestra las expectativas de los empleadores, esa idea de que en algún momento dejarán la fuerza laboral para dedicarse a las labores de asistir a otros.
Las desigualdades de género tienen impactos marcados en las trayectorias laborales y el poder adquisitivo que van a tener las mujeres a lo largo de su vida, incluso por esos trayectos diferenciados tienen menos probabilidad de contribuir en planes de retiro y tendrán jubilaciones más precarias.
Altamirano Hernández añadió que en materia económica se observan estrategias diferenciadas de conciliación trabajo-familia. Este eje atraviesa a las familias en general, pero los recursos de los que disponen de acuerdo con su estatus socioeconómico definen arreglos que refuerzan la estratificación preexistente.
En segmentos con ingresos altos, la necesidad de cuidados se resuelve mediante la provisión privada de servicios que, empero, no está regulada. En tanto, la clase media va a recurrir a soluciones privadas, pero se vería beneficiada de una oferta pública más robusta y “ese es el objetivo que han tenido algunas de las intervenciones de cuidado infantil, sobre todo en el Cono Sur”.
En contraste, los hogares de ingresos bajos tienen menos opciones para conciliar el cuidado con la posibilidad de tener un doble ingreso. Aquí vemos a las mujeres que salen a buscar trabajos remunerados, porque esa también es una necesidad de la familia, pero con alta probabilidad de que serán informales, precarios y sin seguridad social.
Altamirano Hernández sostuvo que un incremento sostenido de la participación laboral femenina resulta en una reducción mayor de la desigualdad, a diferencia de un escenario donde esa participación se estanca.
No obstante, recordó, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en 2019 solo 45 por ciento de las mexicanas mayores de 15 años tenía un trabajo remunerado “y esta cifra coloca a México en el segundo lugar más bajo en términos de inserción laboral femenina en América Latina”. En la zona hay gran variación entre países.
Refirió que la ausencia o limitaciones de las políticas de cuidado pueden desfavorecer la corresponsabilidad en esa práctica y la discriminación laboral hacia las mujeres; algunas “refuerzan modelos paternalistas tradicionales”.