Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza determina violación a los derechos de la naturaleza y la comunidad maya por el Tren Maya

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El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ha emitido un veredicto que señala que el Tren Maya, el ambicioso proyecto insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, viola los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya en el sur del país, calificándolo como un ecocidio y un etnocidio.

La institución internacional, integrada por juristas, economistas y ambientalistas, investiga y denuncia violaciones de los derechos medioambientales. En su veredicto, destaca que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a mantener sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.

Asimismo, el Tribunal enfatiza el derecho al agua como fuente de vida, el derecho a la salud integral y el derecho a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, todos ellos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.

El controvertido Tren Maya, cuya inauguración está prevista para diciembre, ha sido objeto de críticas desde el inicio de su construcción debido a las denuncias sobre la destrucción de la biodiversidad en el sur de México, una región rica en humedales, cenotes, ríos subterráneos y selvas, así como patrimonio cultural de gran valor.

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El proyecto contempla 1,554 kilómetros de vías para un tren turístico, de carga y pasajeros locales en los estados del sureste de México: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

A pesar de los amparos presentados por organizaciones ambientalistas, López Obrador declaró la construcción como un proyecto de seguridad nacional e interés público, lo que ha dificultado el acceso a información relevante y las investigaciones sobre posibles irregularidades.

Entre las principales afectaciones reportadas en el veredicto se encuentran la contaminación de acuíferos, la deforestación, con la tala de hasta 10 millones de árboles, la extinción de flora y fauna, así como la destrucción de cenotes.

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En relación con los derechos de las comunidades originarias, el Tribunal denuncia la falta de consulta a la hora de trazar la ruta del Tren Maya a través de sus territorios y la militarización de la región para supervisar el proyecto.

El Tribunal exige al Gobierno mexicano realizar una auditoría independiente en colaboración con las comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra, reparar y restaurar los ecosistemas afectados, y suspender la expropiación de tierras ejidales.

El veredicto será entregado a Andrés Manuel López Obrador y a instituciones relevantes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos México (CNDH), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Seguiremos informando sobre las acciones que se tomen a raíz de este veredicto.

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