En una inusual sesión solemne que reunió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, anunció la solicitud de un incremento real del 4 por ciento al presupuesto del Poder Judicial Federal (PJF) para el año 2024. El monto solicitado asciende a 84 mil 792 millones 400 mil pesos.
El aumento en el presupuesto se distribuiría de la siguiente manera: el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibiría 74 mil 793 millones 300 mil pesos, seguido por la SCJN con 6 mil 91 millones 100 mil pesos, y en tercer lugar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) con 3 mil 890 millones de pesos.
La ministra Piña Hernández explicó que aunque se buscarán medidas de ahorro y economías, no pueden aceptar un recorte en su presupuesto. Argumentó que la asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 equivale a un promedio de 1.8 pesos diarios por mexicano y destacó que afectar el presupuesto del Poder Judicial Federal con recortes tendría consecuencias directas en el acceso a la justicia para los más vulnerables.
La ministra enfatizó que el acceso efectivo a la justicia no puede ser objeto de negociación y subrayó que la autosuficiencia presupuestal es esencial para el funcionamiento adecuado de cualquier función pública. Ejemplificó que la demanda de defensores públicos aumenta en un 20 por ciento anual y que se necesitarán crear 45 nuevos órganos jurisdiccionales el próximo año para cumplir con la nueva justicia laboral en términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Además, Piña Hernández anunció que se destinarán recursos para fortalecer las medidas de seguridad para todos los integrantes del Poder Judicial Federal, garantizando su independencia y protección ante influencias indebidas o amenazas.
En el año en curso, el presupuesto del PJF superó los 77 mil 544 millones de pesos. Con esta solicitud de aumento, se busca asegurar la continuidad y eficiencia en la impartición de la justicia en México.