Durante la conferencia matutina de este martes, el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó sus acusaciones hacia jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando que sus resoluciones van en detrimento de la justicia, afectan los recursos de los mexicanos y fomentan la impunidad.
Además, se anunció la intención de presentar una queja ante el pleno de la Suprema Corte contra el ministro Luis María Aguilar Morales. Según el presidente, este ministro está en posesión de un expediente sobre un adeudo fiscal de una empresa que asciende a más de 25 mil millones de pesos. El mandatario sugiere que el ministro ha mantenido el expediente archivado durante ocho meses sin resolver el caso, lo que equivaldría al presupuesto de un estado como Baja California Sur, Tlaxcala o Zacatecas.
En palabras del presidente: «Se está denunciando porque sino nosotros terminamos como alcahuetes, como cómplices, no, si no se da a conocer pues ahí se lleva el resto del año, ojalá y ya resuelva porque se trata de 25 mil millones de pesos, y para las partes lo mejor es que se decida en un sentido o en otro de conformidad con la ley, pero no mantenerlo ahí guardado, archivado, el expediente».
Por otro lado, Félix Medina Padilla, procurador fiscal de la Federación, también participó en la conferencia y señaló a jueces y a la Suprema Corte por afectar el financiamiento de programas de bienestar y obras de infraestructura con sus resoluciones sobre casos de grandes contribuyentes, sumando un impacto de alrededor de 80 mil millones de pesos.
El procurador detalló que en 17 casos relacionados con grandes contribuyentes, existe un adeudo total de más de 55 mil millones de pesos. Acusó a la actuación de los jueces de retrasar la impartición de justicia, ya que en 14 casos no se permitió la realización de audiencias necesarias.
El procurador Medina Padilla también señaló al ministro Aguilar de ser omiso en resolver un caso relacionado con una empresa deudora de impuestos, utilizando la «excepcional facultad de atracción» como pretexto para retrasar la decisión, lo cual va en contra de la Corte y perjudica los recursos de los mexicanos.