Senado aprueba penas de hasta 15 años de cárcel a servidores públicos que filtren imágenes de víctimas de violencia

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El Senado de la República ha dado un paso crucial en la lucha contra la violencia de género al aprobar reformas al Código Penal Federal que imponen sanciones de hasta 15 años de prisión a los servidores públicos que filtren imágenes o videos de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia.

Este proyecto, respaldado de manera unánime con 86 votos a favor, introduce el artículo 225 Bis al Código Penal Federal, que establece penas de 9 a 15 años de prisión, además de una multa de 77,805 a 155,610 pesos, para aquellos servidores públicos que realicen esta grave violación de la privacidad y la dignidad de las víctimas.

El dictamen resultante de esta votación se ha enviado a la Cámara de Diputados para su discusión y, en su caso, aprobación. Una vez publicado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación, estas reformas entrarán en vigor.

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Los legisladores del Senado han destacado que esta iniciativa tiene como objetivo fundamental garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres en todas sus formas. Para lograrlo, busca combatir la violencia mediática de género y su normalización al establecer y tipificar como delito la filtración o difusión de imágenes o información relacionada con una víctima por parte de servidores públicos.

Durante la presentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, subrayó que esta reforma tiene como objetivo primordial garantizar la seguridad, la intimidad, la dignidad y el bienestar físico y psicológico de las víctimas. La divulgación de información e imágenes de las víctimas de un delito representa una clara afrenta a la dignidad de las personas y a la memoria de las víctimas.

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Esta importante reforma se produce como respuesta a la indignación que generaron casos trágicos, como el de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en febrero de 2020, cuyas imágenes fueron filtradas. En al menos 11 estados de México, se han implementado medidas para tipificar las filtraciones de imágenes o información de víctimas de feminicidios o delitos sensibles, marcando un importante avance en la lucha contra la violencia de género en el país.

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