La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alerta que «se careció de una cuantificación integral y precisa sobre el estado físico y funcional de las escuelas», situación que tuvo un impacto en las «debilidades y deficiencias que afectaron la implementación y los resultados de dicha política».
A su vez, el informe señala que no se aseguró que los planteles educativos contaran con las condiciones necesarias, de acuerdo con las cualidades establecidas en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGIFE) para favorecer el proceso de enseñanza y contribuir a mejorar el aprendizaje de los alumnos.
En conclusión: los resultados fueron pobres, pues entre 2013 y 2015 sólo 14.1 por ciento (10 mil 287) escuelas apoyadas con el programa de escuelas dignas fueron certificadas; y 2.7 por ciento (214) de las beneficiadas con el de escuelas al cien. Estos datos obligan a reconsiderar la pertinencia de la certificación como un medio para normalizar la infraestructura y el equipamiento escolar, ya que su perfil voluntario y las diferencias entre las condiciones de una escuela a otra puede deberse más a una condicionante por falta de recursos, que por la voluntad de mejorar, lo que puede hacer ver el distintivo más como un lujo que como una necesidad.
Con información de La Jornada