El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que buscará mejores condiciones para el Gobierno en los contratos de prisiones privadas firmados por sus predecesores y que podrían cancelarse si no se logran mejores acuerdos.
«Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo porque consideramos que es un abuso», dijo y agregó que se está preparando una demanda civil para cancelar los contratos si no se alcanzan nuevos términos.
López Obrador ya ha ejercido presión sobre empresas de los sectores energía y químico por contratos que considera injustos. El administrador de activos estadounidense BlackRock Inc se encuentra entre los inversionistas que han estado involucrados con cárceles en México.
Durante el gobierno de Enrique Peña, los pagos por la prisión de Ramos Arizpe en el estado fronterizo norteño Coahuila aumentaron casi un 18% justo antes de que BlackRock la comprara, según registros revisados por Reuters en 2017.
El expresidente Felipe Calderón fue quien lanzó la privatización parcial de los presidios. Así, en su administración se otorgaron contratos a seis empresas (ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco) para construir y operar ocho prisiones, que juntas significaron una inversión de 32,000 millones de pesos (mdp).
Los contratos estipulan que las empresas construyen, administran y gestionan la provisión de servicios a los centros penitenciarios por un periodo que puede ir de 20 a 30 años; por su parte, el Estado paga una especie de “renta”, y una vez que concluye el contrato las instalaciones pasan a ser de su propiedad.
De acuerdo con la información oficial, los contratos son a 22 años: la construcción y equipamiento en dos años y los 20 restantes considerados para la operación y prestación de servicios.
Dentro de los servicios incluidos en el contrato se tienen la limpieza integral y manejo de residuos; fumigación, control de plagas y fauna nociva; jardinería y mantenimiento de espacios exteriores, conservación y mantenimiento de infraestructura, instalaciones y equipo propio del inmueble. Sin embargo, la seguridad y custodios se mantiene como responsabilidad del Estado.
Con información de Reuters