Como muchos recordarán, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, inició una huelga de hambre el pasado jueves 17 de agosto en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Duarte es acusado por la PGR de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculadas a la compra de propiedades a través de prestanombres y con recursos estatales y federales, durante su gobierno en Veracruz entre 2010 y 2016.

Según el ex gobernador, esta huelga tiene como objetivo la libertad de sus ex colaboradores, a quienes considera rehenes políticos de su sucesor, Miguel Ángel Yunes.

Pero curiosamente, el escrito donde Duarte dice todo esto a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, terminó también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué conveniente, no?

Para aquellos que no recuerden, este tipo de prácticas no son nuevas. El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, también se sometió a huelga de hambre para que su hijo fuera trasladado al Centro Federal de Readaptación Psicosocial de Morelos.

Y por cierto, el hijo de Padrés fue liberado el pasado 8 de agosto y la PGR retiró los cargos en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Otro caso también fue el del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.

En fin, pareciera que la huelga de hambre se convirtió en el recurso preferido de los ex gobernadores acusados de fraude, robo, delincuencia organizada y todos esos delitos por los que al final terminan siendo víctimas y no victimarios, cuando los pobrecitos dejan de comer y entonces hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos entra en su defensa.

El hombre que aún se califica como “presunto culpable”, que según las 60 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, robó más de 60 mil millones de pesos, ahora es atendido por médicos que lo revisan tres veces al día, que le dan agua, limones y miel para que el pobre no muera de hambre.

Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se originó como consecuencia de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, por motivos de discriminación de origen étnico, color de piel, religión, preferencias sexuales, ideología política, etc.

Los Derechos Humanos son la forma de protegernos del Estado y de otras personas para que no nos puedan dañar en asuntos fundamentales, como la vida, nuestra libertad o seguridad. Por ejemplo, nadie nos puede esclavizar, tratar de manera degradante con golpes o alguna otra forma de humillación.

Desafortunadamente, en nuestro país estos Derechos Humanos son utilizados por los delincuentes, en su calidad de “presuntos culpables”, para librarse del castigo que merecen. ¿Cómo? Escudados en las mismas leyes y sus, según, fallas en los procesos judiciales.

Considerando que para la ley “nadie es un criminal hasta que después de un juicio imparcial se compruebe que cometió un delito”, todos los inculpados se consideran inocentes. El problema es que son las mismas autoridades encargadas de demostrar esto, quienes cometen “errores” en la presentación de pruebas y al final en los juicios ya no son válidas.

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Otra razón por la que los Derechos Humanos consigue liberar a un presunto criminal es que éstos argumentan que no se les permitió defenderse adecuadamente. Entonces, la culpa recae en los ministerios públicos, jueces o policías, que “curiosamente” no hacen bien su trabajo.

La ley contempla que la palabra de una persona al momento de acusar a alguien no es suficiente. Por eso, son necesarias pruebas que constaten las acusaciones. Así que por más testigos que se presenten, eso para las autoridades no es motivo de peso para condenar a nadie.

Claro, tampoco podemos olvidar el documental de “Presunto culpable”, donde sí fue posible castigar a un inocente. Raro que con los ex gobernadores no pasa igual.

Por otro lado, está la tortura, sobre la cual afirmó la ONU que en México es una práctica recurrente para obtener confesiones. Para suerte de muchos criminales, gracias a esto si se comprueba que un acusado sufrió de tortura, aún siendo culpable de los delitos imputados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede lograr su liberación.

Y por si alguien duda de esto, vamos a recordar un caso real:

El 16 de junio de 2009, cuatro secuestradores fueron detenidos en flagrancia en Playas de Rosarito, Baja California. Durante la detención la Sedena incautó mil 662 cartuchos, 20 armas AK-47, 278 cargadores, dinero en efectivo y equipo tecnológico para realizar sus secuestros. En este operativo se rescató a un hombre de casi 70 años de edad.

Según las investigaciones, resultó que estos criminales trabajaban para el cártel de Sinaloa. Pero el 17 de julio, la mamá de dos de los detenidos argumentó tortura contra sus hijos. Por lo que presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diciendo que sus “angelitos” sufrieron toques eléctricos, golpes, intentos de asfixia, heridas en la mandíbula y maltrato psicológico.

La autoridad judicial determinó que no se contó con elementos de prueba para acreditar las supuestas vejaciones, pero el 7 de octubre de 2015, la CNDH realizó la recomendación número 33/2015 por violación a derechos humanos al secretario Salvador Cienfuegos y la procuradora Arely Gómez.

Pero eso no es todo. El 14 de octubre, el Comité contra la Tortura de la ONU exhortó al gobierno mexicano para liberar a los secuestradores e investigar a los responsables de la tortura. Algo que los abogados de los acusados aprovecharon para tramitar ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas una reparación del daño de 40 millones de pesos. Cantidad que obviamente sería del dinero público.

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¿Cómo terminó todo? El 25 de noviembre un juez de Nayarit los declaró inocentes de los cargos por estas supuestas violaciones a sus derechos humanos. De victimarios se convirtieron en víctimas.

Desde ayer, las noticias sobre Javier Duarte ya no son si el juicio tiene avances significativos o si ya lograron recuperar los millones de pesos que este señor se robó. Ahora las noticias hablan de la salud del ex gobernador y las organizaciones que abogan por su vida.

¿En qué momento ocurre esto en nuestro país, una y otra vez? ¿Y en qué momento dejará de pasar? Sobre todo cuando los ciudadanos comunes y corrientes podemos terminar en la cárcel por un delito que no cometimos, pero a nadie le importa y ni los Derechos Humanos serían tan eficaces como en el caso de los ex gobernadores que con una huelga de hambre consiguen condiciones especiales y hasta salir de la cárcel.

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