El GIEI presentó ayer su último informe sobre el caso Ayotzinapa.
Dentro del informe, existen 22 exhortos al Estado mexicano relacionadas con las investigaciones y búsqueda, entre las que se incluyen la disminución de la burocracia en las indagatorias, evitar que se juzguen como delincuencia organizada las violaciones de derechos humanos, además de evitar la fragmentación de los procesos.
Solicitaron también que no se cierre la investigación sobre el quinto autobús. Indicaron también la existencia de 17 casos de tortura y la presunta participación de policías del municipio de Huitzuco en la desaparición de los 43 normalistas.
Por otro lado, cuestionaron la actitud de las autoridades ante la cooperación internacional, la falta de comunicación en la indagatoria para evitar filtraciones, lograr la atención adecuada de las víctimas, informes médicos adecuados a los estándares internacionales.
Declararon que su trabajo en México fue obstaculizado por las autoridades mexicanas y declararon que desestiman los resultados del tercer peritaje de fuego del basurero de Cocula que planteaba la existencia de un incendio controlado.
“Por estas razones, el GIEI concluye que no hay una sola evidencia o un hilo de evidencia para cambiar su conclusión del 6 de septiembre que en el basurero de Cocula no se incineraron a los 43 estudiantes”, declaró Francisco Cox.
El presidente de la CIDH, James Cavallaro, lamentó que el gobierno mexicano no apoyara la prórroga de estancia al GIEI a pesar de que no se cumplió el objetivo de encontrar a los 43 desaparecidos y los miembros de la Comisión Especial sobre el caso Ayotzinapa, convocaron a una reunión urgente para analizar el reporte final del GIEI y declararon que es indispensable que el grupo continúe investigando en México “por salud política y social” y exhortaron al gobierno federal para prorrogar su permanencia.
El presidente Enrique Peña Nieto, declaró que la PGR analizará el informe y atenderá todas las recomendaciones del GIEI.
Con información de Excélsior
