Los pueblos originarios de México siguen enfrentando graves problemas de exclusión, discriminación y falta de cumplimiento de sus derechos básicos. Ello obedece a la falta de capacidad suficiente de las instituciones gubernamentales y a la carencia de voluntad política para resolver el problema.

Así lo advirtió la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

La especialista de la ONU destacó que en muchas ocasiones la falta de alternativas de desarrollo en comunidades remotas obliga a los integrantes de los pueblos originarios a unirse al crimen organizado, o ser torturados, desaparecidos o asesinados.

Tauli-Corpuz explicó que el objetivo de su visita era examinar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones hechas en 2003 por su antecesor en el cargo, el mexicano Rodolfo Stavenhagen, así como evaluar la forma en que México ha incorporado sus compromisos internacionales con los derechos de los indígenas. La relatora especial lamentó que las comunidades originarias siguen siendo vistas únicamente como sujetos de interés público, pero no como titulares de pleno derecho.

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Afirmó que el gobierno mexicano no ha adoptado medidas para garantizar el derecho de los pueblos autóctonos a disfrutar y controlar sus tierras, territorios y recursos naturales ni ha sido capaz de solucionar disputas en esta materia a través de las autoridades agrarias.

Por otra parte, Tauli-Corpuz indicó que los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía y la libre autodeterminación están reconocidos en el artículo 2 de la Constitución, pero el ejercicio de esas garantías lo encierra con candados que hacen difícil su aplicación en la práctica. Pese a ello, saludó que diversas comunidades ya estén desarrollando sus propios modelos de autonomía.

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