Esta semana, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, busca conseguir órdenes de aprehensión contra 31 académicos, científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Los científicos y exfuncionarios de este órgano son señalados de estar involucrados en la entrega de 244 millones de pesos (mdp) al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).

«Ahora que hay esta polémica con los del Conacyt, tenían una asociación civil un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenía que pagar hasta para sus lujos y como tenían mucha influencia y buenas agarrederas, relaciones con los medios, con la intelectualidad orgánica, era una especie de chantaje y se le tenía que entregar esos lujos», dijo al respecto, el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

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Entre los señalados se encuentran: Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt de 2013 a 2018; Julia Tagüeña Parga, directora del Foro entre 2018 y 2020; y Luis Mier y Terán Casanueva, exrector general de la UAM.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, entre 2002 y 2018, la asociación recibió alrededor de 100 mdp para proyectos de ciencia y tecnología y obtuvo 471 mdp para cubrir gastos de operación, que incluían: choferes, celulares, servicio de bocadillos y viajes al extranjero.

En este marco, Rodrigo Roque, exdirector adjunto de asuntos jurídicos de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) señaló: «De ninguna manera nosotros somos delincuentes (…) Yo tengo un perfil profesional intachable, fui un funcionario público honesto, porque sí habemos funcionarios públicos honestos».

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«No es una empresa, no se constituye una empresa para lavar dinero, es una instancia legal creada para que las instituciones de educación superior y el sector privado se comuniquen con Conacyt. Y está la obligación de financiar», agregó.

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