El Gobierno de España, uno de los países más castigados por el COVID-19, se enfrentó el lunes a las críticas por los planes de decretar un estado de alarma de seis meses para hacer frente al avance de la pandemia.
Los partidos de la oposición aseguran que medio año es demasiado tiempo; los epidemiólogos, en cambio, mantienen que ese periodo de tiempo podría resultar escaso y que llega tarde; y una gran parte de la ciudadanía se opone al toque de queda nocturno.
«El toque de queda no tiene mucho sentido. ¿El virus sólo infecta a las personas entre las 23.00 y las 6.00? No», apunta Marta Aragoneses, una maestra de 36 años, en el exterior de un café en el barrio madrileño de La Latina.
Cerca de allí, en el mismo barrio, Mariano Moreno de Guerra, farmacéutico, se opone a la aplicación del estado de alarma.
«No me gusta nada lo que han hecho», apunta. «Están adquiriendo el gusto de confinar a la gente y eso podría ser peligroso. Ampliarlo seis meses es un absoluto escándalo. Veo mucho potencial para el abuso».
Las disputas entre el gobierno central y los regionales y entre el gobierno de coalición y la oposición han obstaculizado durante meses la respuesta a la pandemia en España.
Esto a su vez ha enfadado a muchos ciudadanos, lo que podría provocar, según algunos analistas, que una parte de la población no cumpla con las medidas impuestas.
El toque de queda en todo el país durará al menos hasta el 9 de noviembre. El Gobierno dijo el domingo que pedirá la aprobación del Parlamento para ampliarlo durante medio año. También indicó que otorgará a cada comunidad autónoma libertad para tomar medidas propias contra la pandemia, incluyendo la posibilidad de limitar la movilidad de la población.
El toque de queda se aplica en todo el país, excepto en las Islas Canarias, entre las 23.00 y las 6.00. Los gobiernos regionales tienen autoridad para adelantar o retrasar una hora su inicio.
Durante en ese lapso de tiempo la gente no puede salir a la calle, aunque las excepciones incluyen ir a trabajar o acudir a la farmacia.
El principal grupo de la oposición, el Partido Popular (conservadores), y Ciudadanos (centro-derecha) indicaron el lunes que apoyarán el estado de alarma, pero no por tanto tiempo.
El líder del PP, Pablo Casado, dijo que su partido aceptaría hasta ocho semanas, pero no más, y sólo si se llevan a cabo una serie de medidas que incluirían una modificación de la legislación para permitir que las restricciones a la movilidad se decidan sin necesidad de recurrir al estado de alarma.
El toque de queda fue anunciado el domingo por el presidente, el socialista Pedro Sánchez, después de que otros países europeos con menos casos dieran ese paso.
«Las medidas en España son reactivas, arrastrando los pies, con la sensación de que no se evalúa si funcionan y de que se toman sólo porque otros lo hicieron antes», explica Pablo Simón, profesor de ciencias políticas de la Universidad Carlos III de Madrid.
España aplicó medidas más duras durante la primera oleada de la pandemia, de marzo a junio, incluyendo uno de los confinamientos más severos de Europa.
El número total de casos en el país se elevó el viernes a 1.046.132, mientras que el número de muertes se acerca a las 35.000.
Información de Reuters
