De acuerdo con una investigación publicada por el diario español El País, Humberto Moreira no estuvo solo durante los días que estuvo en la prisión de Soto del Real a 40 kilómetros de Madrid, puesto que el gobierno mexicano “puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel”.

La investigación plantea que un día antes de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordara dejar en libertad al ex gobernador de Coahuila, la procuradora Arely Gómez llamó a su homóloga Consuelo Madrigal para conocer la posición de los fiscales españoles y de acuerdo con un portavoz de la Fiscalía General del Estado, Madrigal “le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”.

Moreira se estableció en Barcelona a principios de 2013 después de que se le acusara en México por un “gigantesco desfalco de fondos públicos”, y ahí estudiaba un master en la Universidad Autónoma viviendo en un chalet de lujo cuya renta era de 3,000 euros al mes.

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Al momento de su detención, funcionarios de la embajada de México en España recibieron la instrucción de atender el caso: su defensa, la atención a su esposa y sus hijas que fueron hospedadas en el hotel Vincci Soho que sirve como alojamiento para autoridades mexicanas que visitan España.

Dos días después de la detención de Moreira, el cónsul de México en Madrid lo visitó en la prisión, y aunque esas visitas son protocolarias para el cónsul, las autoridades penitenciarias españolas dicen que no se producen con “tanta celeridad” como la que hizo a Moreira.

Funcionarios del consulado llamaban al despacho del abogado que asistió al expresidente del PRI para indagar sobre el caso.

Funcionarios del consulado enviaron un escrito dirigido al Ministerio de Asunto Exteriores en el que solicitaban información sobre el caso al juez Pedraz, amparados en el artículo 36 de la Convención de Viena; Pedraz se limitó a dar una respuesta puramente protocolaria.

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Moreira regresó el 3 de febrero a México junto con su esposa y se declaró inocente. El 9 de febrero el juez Pedraz dictó un auto para archivar de manera provisional la causa contra Moreira, esto después de escuchar la cinta de un testigo protegido grabada en San Antonio, Texas, donde relacionaba a Moreira con los Zetas y declaró que la información no era lo suficientemente concreta.

Debido a que los fiscales Grinda y Rosa no coinciden con Pedraz, la investigación sigue en curso en España «respecto a otras personas involucradas, algunas mexicanas”.

Con información de El País

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