En un giro inesperado, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ha anunciado su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que su ciclo en este cargo ha llegado a su fin.
A pesar de que esta decisión aún no es un hecho consumado, ya que depende de la aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador y la posterior aprobación del Senado, plantea una serie de interrogantes. Principalmente, su validez, ya que la Constitución establece que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte solo proceden por causas graves, lo que plantea cuestionamientos sobre si la sensación de un ciclo concluido entra en esta categoría.
A pesar de sus esfuerzos por sanear el Poder Judicial de la Federación (PJF) y luchar contra diversas problemáticas, incluyendo el nepotismo y la corrupción, la gestión de Zaldívar no logró completar esta tarea. Su dimisión se produce en un contexto donde la unidad y el espíritu democrático del PJF han experimentado un retroceso significativo.
Surgieron especulaciones sobre su futuro rol en la política mexicana, y su interés en colaborar en la transformación del país, pero existen restricciones constitucionales para su desempeño como patrono o abogado en procesos ante los órganos del PJF en los dos años siguientes a su retiro.
La renuncia de Zaldívar también plantea cuestionamientos sobre el futuro de la SCJN y el PJF. Si su renuncia es aceptada y aprobada, se deberá designar un nuevo miembro de la SCJN, un proceso que podría resultar complicado debido a la diversidad de fuerzas políticas en el Congreso.
En última instancia, el futuro del PJF y su transformación en un instrumento de justicia, en lugar de obstrucción, podría requerir una reforma constitucional sustancial. Esta renuncia, sin duda, plantea numerosas incógnitas y desafíos para el sistema de justicia en México.