La CNDH solicitó al Senado de la República considerar los estándares internacionales y el Informe Especial sobre asignación y contratación de publicidad oficial que elaboró semanas atrás para la aprobación de la Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental, conocida como «Ley Chayote».

La CNDH solicitó al Senado de la República considerar los estándares internacionales y el Informe Especial sobre asignación y contratación de publicidad oficial que elaboró semanas atrás para la aprobación de la Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental, conocida como «Ley Chayote».
En un comunicado, la CNDH destacó la gran responsabilidad que tienen los legisladores en la emisión de la citada ley, ya que deberán tomar en cuenta los estándares sobre publicidad oficial aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionados con: «El establecimiento de leyes claras y precisas, objetivos legítimos de la publicidad oficial, criterios claros de distribución de la pauta estatal, planificación adecuada, mecanismos de contratación, transparencia y acceso a la información, control externo de la asignación publicitaria, y garantizar el pluralismo informativo.»
Una demanda muy sentida de la sociedad y organismos relacionados con dicho tema se refiere a que los recursos públicos destinados a publicidad oficial se asignen de manera eficaz y clara, así como propiciar la mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo y destino de los recursos públicos en materia de publicidad gubernamental, sin violentar derechos de terceros o inhibir la vigencia y ejercicio de los derechos humanos, en particular los relativos a la información y a la libertad de expresión.
Con información de Proceso

, ya que deberán tomar en cuenta los estándares sobre publicidad oficial aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionados con: «El establecimiento de leyes claras y precisas, objetivos legítimos de la publicidad oficial, criterios claros de distribución de la pauta estatal, planificación adecuada, mecanismos de contratación, transparencia y acceso a la información, control externo de la asignación publicitaria, y garantizar el pluralismo informativo.»

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Una demanda muy sentida de la sociedad y organismos relacionados con dicho tema se refiere a que los recursos públicos destinados a publicidad oficial se asignen de manera eficaz y clara, así como propiciar la mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo y destino de los recursos públicos en materia de publicidad gubernamental, sin violentar derechos de terceros o inhibir la vigencia y ejercicio de los derechos humanos, en particular los relativos a la información y a la libertad de expresión.

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