Entre 2013 y 2014, el Gobierno de Enrique Peña Nieto desvió 192 millones de dólares a empresas fantasma, es decir, compañías que no existen o que carecen de actividad. Los datos fueron recopilados por una investigación del diario digital Animal Político y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

El dinero salió de diferentes organismos públicos como la Secretaria de Desarrollo Social, el FOVISSSTE, el Registro Agrario Nacional, el Banco Nacional de Obras o Pemex. Desde esas 11 instituciones, el dinero desapareció.

Incluso ocho universidades públicas sirvieron de intermediarias para el desvío, entre ellas, la Universidad Autónoma del Estado de México y la de Morelos. El esquema de desvío fue transversal al Gobierno de Peña Nieto y afecta, sobre todo, a la Secretaría de Desarrollo Social, entonces en manos de Rosario Robles y a Pemex, en los años de Emilio Lozoya y Juan José Suárez. También afectó al Banco Nacional de Obras, cuando estaba en manos de Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México.

La ley permite que el sector público se salte el proceso de licitación si contrata con universidades. En vez de sacar a concurso una obra, se firma un convenio con una universidad y debe realizar al menos el 51 por ciento del servicio contratado.

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Los organismos señalados aprovecharon este recodo legal para armar un esquema de desvío de fondos multimillonario. Las universidades firmaron en esos años 73 convenios con el sector público, acuerdos que les obligaban a prestar una serie de servicios que, en muchos casos, no se dieron. En vez de eso, se quedaban una comisión y subcontrataban con empresas. En muchos casos, las empresas ni siquiera existían. Solo por intermediar, las universidades se habrían quedado 56 millones de dólares en concepto de comisiones.

El Servicio de Administración Tributaria, SAT, declaró “fantasma” a 11 empresas e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación, cuando las buscó para revisar su legalidad. Aunque el dinero desviado asciende a 192 millones de dólares, esas 186 empresas recibieron en total 429 millones de dólares en contratos.

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Este esquema de corrupción se inauguró en el Gobierno de Felipe Calderón y continúo con el de Peña Nieto, según prueban los investigadores.

Con información de El País

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