El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que buscará mejores condiciones para el Gobierno en los contratos de prisiones privadas firmados por sus predecesores y que podrían cancelarse si no se logran mejores acuerdos.

«Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo porque consideramos que es un abuso», dijo y agregó que se está preparando una demanda civil para cancelar los contratos si no se alcanzan nuevos términos.

López Obrador ya ha ejercido presión sobre empresas de los sectores energía y químico por contratos que considera injustos. El administrador de activos estadounidense BlackRock Inc se encuentra entre los inversionistas que han estado involucrados con cárceles en México.

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Durante el gobierno de Enrique Peña, los pagos por la prisión de Ramos Arizpe en el estado fronterizo norteño Coahuila aumentaron casi un 18% justo antes de que BlackRock la comprara, según registros revisados ​​por Reuters en 2017.

El expresidente Felipe Calderón fue quien lanzó la privatización parcial de los presidios. Así, en su administración se otorgaron contratos a seis empresas (ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco) para construir y operar ocho prisiones, que juntas significaron una inversión de 32,000 millones de pesos (mdp).

Los contratos estipulan que las empresas construyen, administran y gestionan la provisión de servicios a los centros penitenciarios por un periodo que puede ir de 20 a 30 años; por su parte, el Estado paga una especie de “renta”, y una vez que concluye el contrato las instalaciones pasan a ser de su propiedad.

De acuerdo con la información oficial, los contratos son a 22 años: la construcción y equipamiento en dos años y los 20 restantes considerados para la operación y prestación de servicios.

Dentro de los servicios incluidos en el contrato se tienen la limpieza integral y manejo de residuos; fumigación, control de plagas y fauna nociva; jardinería y mantenimiento de espacios exteriores, conservación y mantenimiento de infraestructura, instalaciones y equipo propio del inmueble. Sin embargo, la seguridad y custodios se mantiene como responsabilidad del Estado.

Con información de Reuters

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