Inconstitucionalidad, violación de la autonomía y vulnerabilidad de datos personales son algunas de las implicaciones que acompañan el plan B.

Instalar módulos en oficinas de gobierno para expedir la credencial para votar con fotografía, a cargo de terceros, constitucionalmente representa una regresión en los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna, riesgos en la seguridad y compromete la confidencialidad de datos personales del Padrón Electoral. Siendo incompatible con la progresividad de derechos reconocidos en la constitución, así es como lo considera el informe detallado que presentará el secretario Ejecutivo al Consejo General del INE.

Robo, extravío, copias no autorizadas, uso, tratamientos y accesos no autorizados; así como alteraciones, daños y modificaciones no autorizados e incluso, pérdida y destrucción no autorizada.

La pérdida de autonomía es dada por el documento que da cuenta de que el INE expidió el reglamento de Elecciones para asegurar un desarrollo y organización de procesos electorales. También se advierte pérdida de autonomía presupuestaria, impidiendo con ello hacer frente a imprevistos y contingencias, por ejemplo, erogaciones para elecciones extraordinarias que deriven de sentencias TEPJF.

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Riesgos en la protección de datos personales.

· Robo, extravío, copia no autorizada.

· Uso, acceso y/o tratamiento no autorizado.

· Daño, alteración, modificación no autorizada.

· Destrucción y pérdida.

Derechos afectados:

1. A la identidad: actualizan el Padrón Electoral.

2. A la igualdad y secrecía del voto: organización y ejecución de los comicios.

3. De asociación política: verifica y celebra asambleas constitutivas de partidos políticos.

4. A la libre elección de representantes: dan certeza en la emisión y cómputo del voto.

5. A la renovación de poderes: garantiza la celebración de elecciones libres y auténticas.

6. A la información y transparencia: las juntas distritales operan el PREP y coordinan el conteo rápido.

7. A participar con equidad y ser electo: las juntas ejecutivas verifican el cumplimiento de las reglas de propaganda.

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8. A la justicia electoral: las juntas ejecutivas documentan y certifican cada decisión y cada etapa del proceso electoral.

9. A la participación política y discusión de la agenda pública: implementación de programas de educación cívica, cultural y democráticos, promoción del voto.

“El plan B del gobierno pretende que los módulos del INE desaparezcan y se muevan a oficinas gubernamentales sin las condiciones técnicas de seguridad necesarias para salvar tu información y tus datos personales. Infórmate, participa y defiende tus derechos, defiende tu democracia”, expresó Murayama

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