La reciente mudanza de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a las oficinas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha dejado más preguntas que respuestas. Si bien el cambio de ubicación de oficinas a Marina Nacional #60, 4to piso, no es en sí mismo un evento inusual, las medidas de seguridad extremas que se han tomado alrededor de esta mudanza están levantando sospechas y cuestionamientos.
La SFP es la dependencia encargada de fiscalizar el desempeño de los programas de gobierno, verificando la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas. También tiene la responsabilidad de fiscalizar las políticas públicas para determinar el grado de avance en la atención de los problemas que les dieron origen. Por lo tanto, su labor implica la gestión de información sensible y confidencial relacionada con el gobierno y sus programas.
Sin embargo, lo que ha llamado la atención es la forma en que se ha manejado esta mudanza. Los funcionarios de la SFP han colocado candados en sus cajoneras y sillas, además de implementar medidas de seguridad restrictivas en las instalaciones compartidas con Cofepris. Esto ha llevado a preguntarse: ¿qué información se está ocultando o protegiendo con tanto celo?
Una de las principales preocupaciones radica en la seguridad de los empleados de Cofepris que comparten ahora espacio con la SFP. El cierre de pasillos y la implementación de medidas de seguridad extremas podrían poner en riesgo la vida de los empleados en situaciones de emergencia, como un sismo, al restringir su capacidad de evacuación rápida.
El argumento presentado en el oficio de mudanza es que se cambió de domicilio para mantener la confidencialidad de la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo la información considerada como reservada o confidencial. Sin embargo, esta explicación no ha disipado las dudas y preocupaciones sobre las razones detrás de estas medidas extremas.
En resumen, la mudanza de la SFP a las oficinas de Cofepris plantea interrogantes sobre la transparencia y la seguridad de la información gubernamental, pues los ciudadanos tienen el derecho de conocer las acciones y decisiones de sus funcionarios públicos, y estas medidas de seguridad excesivas solo generan desconfianza y cuestionamientos, además del preguntarnos por qué es más importante el resguardo de la información que la seguridad de sus empleados.