El Ministerio Público Federal solicitó la colaboración de la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para investigar la evolución patrimonial de los funcionarios que firmaron desde 2010 a 2015 cuatro contratos con la empresa Odebrecht.

En tanto, Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, difundió a través de Twitter el documento en el que solicitó al ex titular de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, que le girara un citatorio de comparecencia para conocer la investigación en su contra por su la presunta utilización de recursos provenientes de la compañía brasileña en campañas políticas de 2012.

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La indagatoria FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, que inició la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf), contiene copia de las declaraciones patrimoniales de diversos funcionarios públicos y ex directivos de Pemex ‘‘que intervinieron en la adjudicación de contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño’’.

En muchos de los casos, las declaraciones patrimoniales no se asentaron datos de los bienes, muebles, inmuebles, joyas y cuentas bancarias que poseen ni tampoco la evolución patrimonial que tuvieron.

Lozoya Austin asentó en su declaración inicial de enero de 2013 que poseía una casa con una superficie de terreno de mil 165 metros cuadrados, que adquirió el 14 de noviembre de 2012, de contado, con un valor de 38 millones 175 mil pesos, y que también poseía joyas y obras de arte por más de un millón 100 mil dólares y que éstas fueron adquiridas entre 2003 y 2011.

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El ex director de Pemex reportó que poseía en total 11 cuentas bancarias e inversiones en dólares americanos, euros y francos suizos. En sus datos patrimoniales señaló tener ingresos mensuales netos, como servidor público, por 148 mil pesos; asimismo, por mes obtenía por actividades industriales o comerciales 390 mil pesos y por actividad financiera 184 mil, en total 722 mil pesos cada 30 días.

Con información de La Jornada

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