Javier Pico Terreno es juez que otorgó un amparo al hijastro de Oscar Jorge García Rúa, paciente que se encontraba internado tras dar positivo al COVID para que el paciente fuera tratado con dióxido de cloro.

Inicialmente, la administración del hospital apeló la resolución de juez, pero no prosperó, por lo que tuvieron que administrarle el dióxido de cloro al hombre de 92 años, bajo protesta.

«Nos manifestamos haciendo cumplir nuestro juramento hipocrático», decían en un folleto repartido por los médicos del hospital.

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El documento otorgado por el juez, obligaba a los médicos del Sanatorio Otamendi y Mirol, hospital privado de Buenos Aires, Argentina, a usar como tratamiento contra la COVID-19 el famoso y polémico dióxido de cloro, pese a que autoridades sanitarias no recomiendan su uso. Finalmente, el hombre de 92 años falleció el lunes pasado.

Ahora, el juez ha sido denunciado penalmente por «intromisión en decisiones que son ajenas al derecho y propias de la ciencia médica»

Según la denuncia, la mala praxis jurídica pudo haber tenido injerencia en el fallecimiento de Oscar Jorge García Rúa «a partir de la orden de aplicar tratamientos médicos no autorizados por la Anmat, sin estudios científicos de eficacia comprobada y sin ensayos clínicos conforme lo establece la legislación vigente en nuestro país (…) No se debe judicializar la medicina, se deben respetar los criterios médicos que tengan aval científico y respaldo en las asociaciones médicas y sociedades científicas reconocidas legalmente», dijo Vadim Mischanchuk, abogado que levantó la denuncia en contra del juez, a un diario local.

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