Un día después de una violenta balacera que duró media hora en La Paz y de varios hechos violentos en otros sitios turísticos de nuestro país de México, el gobierno anunció el despliegue de 5.000 policías federales en varios puntos conflictivos del país para intentar frenar la ola de violencia.
«Son más de 5.000 efectivos de fuerzas civiles federales (…). No están participando en este operativo o despliegue ni el Ejército mexicano ni la Marina, sino las capacidades civiles que tiene el Estado mexicano, que son muchas», ha señalado a la prensa el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete, que ha reconocido que «los niveles de inseguridad son alarmantes».
La mayoría de los efectivos han sido desplegados en Tijuana y el corredor que une Los Cabos con La Paz, en el Estado de Baja California Sur que, junto a Cancún, son los destinos turísticos mexicanos que atraen a más extranjeros.
El despliegue se realiza también en los Estados de Colima y Jalisco y en la ciudad de Chilpancingo, capital del sureño Estado de Guerrero, uno de los más violentos en México. Está previsto que la medida se aplique también en Coatzacoalcos, Veracruz.
La ola de violencia ha convertido a 2017 en el año más sangriento para nuestro país, con 25.339 asesinatos, desde que inició el registro oficial, en 1997. Se calcula que más de 200.000 personas han muerto y otras 23.000 han desaparecido desde que Felipe Calderón declarase la «guerra contra el narco» en 2006.
El despliegue se produce, en el contexto en que la Suprema Corte mexicana está en pleno debate de los últimos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, votada en diciembre, que permite al Ejecutivo ordenar despliegues militares en zonas violentas.
Con información de El País
