El diario Reforma informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) extravió diamantes, piedras preciosas y semi preciosas las cuales fueron aseguradas en 2014 al presunto contrabandista Apel Celik.

De acuerdo con documentos ministeriales, el valor de las 4 mil 569 joyas y diamantes asegurados en distintos locales comerciales de la Riviera Maya era de 185 millones 431 mil 525 pesos.

Mientras que el valor de las piezas perdidas fue estimado en 53 millones de pesos, según la carpeta ministerial que está en curso en la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República (FGR).

En México ya estaba identificado como un contrabandista que vendía diamantes en establecimientos de Cancún, Cozumel y Playa del Carmen.

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Como parte de las acciones contra Çelik, el 16 de diciembre de 2014 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó los establecimientos comerciales de Inmobiliaria Principio Maya, Lapis Diamante, Sondik Maya y Lapis Mahahual.

Siete días después, la entonces PGR cateó la joyería Jewerly Factory Lapis, en Puerto Aventuras.

Sentencias judiciales revelan que las piedras preciosas que desaparecieron de una bóveda de la SEIDO son precisamente las de esta última empresa.

La mercancía de Jewerly Factory Lapis consta de 24 indicios -el documento consultado no especifica en qué consiste cada uno- y fue resguardada en la bóveda de seguridad de la SEIDO «por considerarse que representan el objeto del delito de contrabando equiparado».

De la desaparición se tuvo conocimiento en 2017, cuando Érika Paola Avilés Demeneghi, Guadalupe Demeneghi Morales y Julián José Betancourt Turriza -en su momento investigados como presuntos cómplices de Çelik- reclamaron su devolución.

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Del 12 al 29 de junio de ese año la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) realizó una inspección material y física en las instalaciones de la SEIDO.

Tras esa diligencia reportó que estaban los objetos asegurados el 16 de diciembre de 2014, pero no los embargados por el SAT el 23 de diciembre.

«(La UEAF) dio vista a la Visitaduría General de la entonces PGR y presentó la denuncia correspondiente en contra del agente del Ministerio Público respectivo por su probable responsabilidad administrativa y/o penal», reportó.

Con información de Reforma

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