Las universidades públicas del país no sólo recibirán cinco mil 300 millones de pesos menos en 2017, sino también la amenaza de que Hacienda intervenga el gasto de las morosas; la de Zacatecas cubrió parte de deuda con edificios

Entre los rubros más afectados por el recorte figura el Apoyo a Reformas Estructurales, que en 2016 recibió 2 mil 713 millones de pesos, destinado a pagar deudas por pensiones y jubilaciones, pero ahora se eliminó; también el Programa Nacional de Becas sufrió una reducción de 30 por ciento, pasando de 8 mil 127 millones a 6 mil 238 millones de pesos, entre otros.

Existe una amenaza a las instituciones morosas, que de continuar con el déficit millonario por falta de pagos a jubilaciones e impuestos, el gasto corriente con el que saldan la nómina será retenido por la Secretaría de Hacienda, pero para finiquitar adeudos.

“El ánimo que se vive entre los rectores es de mucha preocupación, porque si en los años en que no teníamos estos recortes presupuestales para algunas universidades había problemas hasta para pagar la quincena o el aguinaldo, mucho más en esta situación”, aseguró Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Frente a este panorama, diez rectores se agruparon y comenzaron a ejercer presión a través de periódicos y no por medio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), como solía suceder. Redactaron un documento dirigido al gobierno federal manifestando “su preocupación ante la drástica reducción para educación” y lo publicaron los medios de comunicación.

Denunciaron la gravedad del recorte de becas de 30 por ciento y su impacto social severo, pues en un país donde 60 por ciento de la población es pobre dejaría a miles de estudiantes sin los apoyos mínimos para continuar la escuela.

En abril pasado, la ANUIES expuso ante la senadora, que no sólo era imprescindible el Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, sino que debía aumentarse el presupuesto para 2017; sin embargo, se eliminó.

Gracias a este fondo que se había creado en 2002, y que a partir de esa fecha hasta 2016 se había asignado a las universidades alrededor de 14 mil millones de pesos, no sólo significó dinero extra para saneamiento financiero, sino que se incentivó a las instituciones a modificar su sistema de pensiones.

Los diez rectores advirtieron que la eliminación de este fondo, destinado a amortiguar las deudas millonarias de pensiones, sería la quiebra total de las instituciones, “ya que dicho monto tendría que ser cubierto con el gasto operativo”.

“¿Por qué el gobierno federal quiere ver a los docentes pobres? Es un atropello, cuando los diputados y senadores de este país viven en una laxitud financiera impresionante, que incluso en estados como este, que es Zacatecas, ganan hasta 380 mil pesos. Luego nos obligan a salir a la calle a exigir que se regularicen nuestros salarios y nos desprestigiados, porque la sociedad no siempre nos cobija”, lamentó Beatriz Herrera Guzmán, profesor de la UAZ.

Si a las Universidades Públicas Estatales ya las había golpeado la crisis financiera, el próximo año recibirán un nocaut. Es más que un gran problema financiero se trata de que en los próximos años cada vez menos mexicanos podrán acceder a la educación superior. La desigualdad social se acentuará y veremos desaparecer la educación pública.

Con información de Excelsior

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