En noviembre pasado, el Gobierno de Enrique Peña Nieto anunciaba que el aumento del salario mínimo de 80 pesos a poco más de 88 pesos no se trataba de un “ajuste menor”. Sin embargo, un grupo de investigadores del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron un estudio en donde demuestran que, desde hace 30 años, las alzas del salario mínimo mexicano han sido insuficientes para aumentar el poder de compra de los trabajadores. En las últimas tres décadas la pérdida acumulada del poder adquisitivo de un trabajador en México es del 80,8 por ciento.
En el estudio México 2018: otra derrota social y política a la clase trabajadora, se explica que los aumentos salariales que nacieron muertos al compararlos al evolución del salario mínimo con los precios de la Canasta Alimenticia Recomendable, formada por 40 alimentos necesarios para satisfacer a cuatro personas. Hoy, de acuerdo con los expertos, la CAR tiene un precio de 245 pesos, un valor que supera en casi tres veces el salario mínimo.
La Constitución de México establece que el salario mínimo debe ser suficiente para alcanzar las necesidades más básicas de un jefe de familia, pero desde hace 30 años que no es así.
En 1987, antes de instalar por completo el sistema neoliberal y reforzado por los sucesivos gobiernos, cuando la canasta costaba 3,95 pesos y el salario mínimo era de 6,47 pesos, los trabajadores tenían dinero suficiente para comer y para atender algunas otras necesidades. Desde entonces los precios en México han subido a un ritmo mucho más intenso que los sueldos, lo que ha agudizado la pérdida de poder adquisitivo.
En la actualidad, un trabajador con salario mínimo tiene que trabajar 24 horas y 31 minutos para comprar los alimentos básicos para su familia.
Los investigadores universitarios señalan que las propuestas de diversas fuerzas políticas para elevar el salario mínimo a 95,24 pesos diarios, o hasta 171 pesos para el próximo sexenio, son también insuficientes, pues cuestionan qué tipo de bienestar se puede garantizar con estos ingresos.
Con información de El País