El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que las declaraciones obtenidas por la PGR podrían haberse realizado bajo tortura, ya que los detenidos presentaban heridas y signos de malos tratos. Por este motivo, recomendaron reorientar la investigación e incluir otras pruebas en el caso de los 43 normalistas desaparecidos.
“Lo que significa que evidencia distinta a la declaración sí puede ser utilizada, por eso es importante que haya otras pruebas que permitan la condena de la persona. La excesiva dependencia de declaración, crea incentivos perversos para obtenerla, por lo tanto, y lo hemos dicho en el informe, es necesario replantear la investigación de un modo que sean las evidencias externas las que permitan las convicciones”, dijo el experto chileno Francisco Cox Vial.
Sin embargo, el Estado no ha cedido ante esta petición, en concreto, las entrevistas hechas a militares, ya que solamente autorizaron entrevistar a 11 militares cuando el grupo de expertos había solicitado 26 entrevistas. Además, se quejaron de que solo pueden tener acceso a las respuestas y no a las preguntas.
“Hay restos óseos que fueron incinerados. Nosotros señalamos en nuestro informe que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula, pues hay que agotar esa línea de investigación para ubicar cuáles son los hornos crematorios tanto privados, como públicos, y hasta clandestinos”, dijo el abogado colombiano, Alejandro Valencia.
De modo que proponen realizar nuevos cateos para agotar la hipótesis de que fueron incinerados en crematorios de la zona, ya que rechazan que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Colula, tal como lo afirma la PGR.
Con información de Sin Embargo