Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC, dijo que la violencia sexual contra menores, en el 80% de los casos, deja secuelas para toda la vida.
Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y la Ciudad de México tipifican este ilícito como grave y sin derecho a fianza; sin embargo, las penalidades no son severas, sólo en Jalisco se dan entre 12 y 20 años de prisión a quien cometa abuso sexual en contra de un menor de edad.
En 25 entidades el abuso sexual no se califica y los agresores pueden salir bajo fianza, pagando multas que van de tres días de salario mínimo a mil 200 días.
De acuerdo con datos de la OCDE, México ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años.
México está catalogado como país de origen, tránsito y destino de víctimas de explotación sexual, siendo el de mayor crecimiento la modalidad de turismo sexual infantil principalmente en Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez.
Para el abogado Victoriano Sánchez Carbajal, el problema es que las leyes de Guerrero no protegen a los menores.
«Lo máximo que se les puede acusar es de corrupción de menores y saldrían libre bajo fianza”, señala el abogado.
Sánchez Carbajal hizo un llamado urgente a los diputados del estado para que armonicen las leyes locales con las federales y, de esa manera, “se pueda proteger a los niños de Guerrero de este terrible mal que llegó y no ha podido ser erradicado”.
Acapulco hoy es considerado como un destino de turismo sexual, donde prácticamente cualquier tipo de fantasía podría ser cumplida, lo que ha provocado que pederastas extranjeros, principalmente de Canadá y Estados Unidos, lo visiten.
Para algunos especialistas, como el sociólogo Jesús Quevedo de la UAM, Acapulco podría ser considerado “el Bangkok de Latinoamérica”.
A pesar de que México ha convalidado diferentes instrumentos internacionales y que se han efectuado algunas Reformas a su Legislación Federal, y otras están aún pendientes de sus trámites de aprobación final, todavía hay algunos estados que no han adecuado sus legislaciones a estos compromisos.
Con información de Excélsior